El Gobierno contrata la seguridad externa en 21 cárceles
Miguel Ángel Autero 24.07.2013 | 14:01
Los funcionarios de prisiones empiezan a movilizarse contra lo que califican como "intento del Gobierno central de privatizar el sistema público que existe en las instituciones penitenciarias". Ayer comenzaron las protestas y lo hicieron con una concentración de casi un centenar de funcionarios en la puerta de acceso a la prisión de Tenerife II, en el municipio de El Rosario. Avisan de que ésta no será la única movilización y que las protestas se intensificarán a partir del próximo mes de septiembre en la práctica totalidad de las cárceles españolas, a excepción de las de la Comunidad de Cataluña, cuyas competencias están asumidas por la Generalitat.
Ayer también se concentraron los funcionarios de las prisiones de Alicante y Menorca, mientras que en Teixeiro (A Coruña), lo harán el próximo día 30.
Los empleados públicos denuncian los contratos que ha firmado el Ministerio del Interior, del que depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con empresas privadas para que se hagan cargo de los servicios de seguridad externa, del control de acceso a los centros y los sistemas de videovigilancia, un trabajo que hasta no hace aún un año era competencia del personal funcionario adscrito a cada una de las prisiones.
De momento se ha contratado con empresas privadas la seguridad en 21 centros penitenciarios, sin embargo, los sindicatos advierten de que el Ministerio del Interior piensa extender esta fórmula al resto de cárceles. Los convocantes de las concentraciones (CCOO, CSIF, CIGA, ELA y UGT) sospechan que la entrega a manos privadas de la seguridad en los centros penitenciarios, "no será lo único que se privatice en las prisiones, desmantelando así el actual sistema público de gestión de las cárceles en España".
De momento, según denuncian los sindicatos, los centros penitenciarios en los que se cuenta ya con un servicio de seguridad contratado por Interior a empresas privadas son: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Sevilla II, Huelva, Pamplona, Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), Topas (Salamanca), Valladolid, y Daroca (Zaragoza).
En Santa Cruz de Tenerife aún no se ha contratado seguridad privada, sin embargo, creen que será a partir de octubre cuando ya sea una realidad en todos los centros, tal y como apuntan fuentes sindicales.
En Santa Cruz de Tenerife aún no se ha contratado seguridad privada, sin embargo, creen que será a partir de octubre cuando ya sea una realidad en todos los centros, tal y como apuntan fuentes sindicales.
El portavoz provincial de CSIF, Bernardo Fernández, asegura que "ha sido el propio Gobierno central quien había informado el año pasado de que impulsaría un plan piloto durante un año y en el caso de que la experiencia funcionase, se extendería el modelo al resto de prisiones". Fernández añadió que el "temor" es que se "privatice el resto de tareas que hoy por hoy desempeña el personal funcionario".
Ese temor está fundamentado, tal y como afirman todas las organizaciones sindicales que representan a este colectivo, en el hecho de que "todos los años se jubilan alrededor de medio millar de funcionarios, que no se reponen porque no se convocan ofertas de empleo público, con lo que la plantilla cada vez es menor y, además, el personal está cada vez más envejecido".
Ese temor está fundamentado, tal y como afirman todas las organizaciones sindicales que representan a este colectivo, en el hecho de que "todos los años se jubilan alrededor de medio millar de funcionarios, que no se reponen porque no se convocan ofertas de empleo público, con lo que la plantilla cada vez es menor y, además, el personal está cada vez más envejecido".
Bernardo Fernández añadió que para 2018, "la media de edad de los funcionarios que realizan servicios en el interior del centro Tenerife II, será de 57 años". En un día como ayer, cerca de 130 funcionarios atendían una cárcel que tiene una población reclusa que ronda los 1.350 internos. Cada uno de los nueve módulos de este centro cuenta con tres funcionarios por turno que deben atender a casi 150 presos que hay en cada una de esos edificios.
Según fuentes sindicales, la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios no tiene las mismas garantías legales en el cumplimiento efectivo de las ejecuciones de condena de los internos, mientras que un funcionario vela porque así sea, teniendo en cuenta, además, el principio de independencia al que están acogidos los funcionarios.
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