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El mundo.es 01/08/2012
Vigilantes privados asumirán parte de la
seguridad en 21 cárceles tras el verano
El plan dará empleo a escoltas
del País Vasco y Navarra
Se ocuparán de la vigilancia
del perímetro exterior o el control de las cámaras
El mando seguirá a cargo de
agentes de la Guardia Civil
El
Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan
de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas
tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos
escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas
amenazadas por ETA.
Según han explicado a Efe fuentes de Interior, los vigilantes
privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil
en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o
el control de las cámaras de seguridad.
En ningún caso, añaden las mismas fuentes, estos refuerzos,
-Interior ultima el número exacto- se destinarán a la seguridad y vigilancia de
los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o
guardias civiles.
Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros
penitenciarios seguirá a cargo de agentes del Instituto Armado.
400 escoltas privados
El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ha ofrecido esta vigilancia auxiliar
en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados contratados en el País
Vasco y Navarra que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras
la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección.
Una medida que se inició en estas comunidades y que
posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de
optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva
aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad
armada hecho por
ETA el pasado 20 octubre.
Además, Interior justifica el programa de reubicación de
escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas,
jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de
protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en
los últimos años.
En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas
privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas
dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas.
En un principio los escoltas de estas comunidades ofrecieron sus
servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo extremo, pero
el propio ministro explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del
Senado el pasado 20 de marzo que de momento no era posible porque las
competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.
Traspaso paulatino
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil informó a
laAsociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC)
de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de vigilancia
exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los agentes
afectados.
Para los sindicatos de los funcionarios de prisiones CSIF, CCOO y UGT,
los planes de Interior suponen el primer paso para privatizar en un futuro toda
la seguridad de las prisiones, tanto exterior como interior.
Por esta razón, el pasado 18 de julio representantes de estos
sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados del PSOE e IU a quienes
mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que, en su opinión, no
conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros
penitenciarios.
En mayo, la Comisión de Interior del Congreso aprobó con los votos del
PP y CiU una
iniciativa impulsada por los nacionalistas catalanes en la que instaba al
Gobierno a reformar la Ley de Seguridad Privada para introducir agentes de la
seguridad privada en la vigilancia de las prisiones.
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