El País.com 19/08/2012
“Insinuar que
ahora hemos cedido al chantaje sirve a los intereses de ETA”
"Al legislador le repugna dejar morir sin humanidad a un
desahuciado", declara el secretario general a propósito de la puesta en
libertad del etarra Uribetxeberria
Ángel Yuste ha tenido dos
semanas complicadas. En pleno agosto, el traslado del preso de ETA y secuestrador de José Antonio Ortega
Lara desde León al
Hospital Donostia para que le traten el cáncer terminal que padece acabó con
una huelga de hambre del etarra a la que se han sumado centenares de reclusos
con ayunos de distinta intensidad. En medio de las protestas del entorno
abertzale, Prisiones le dio el viernes el tercer grado y recomendó al juez que
le otorgue la libertad condicional. Las víctimas acusan a Yuste de haber cedido
al chantaje. En una entrevista telefónica, él insiste en que solo ha aplicado
los principios humanitarios de la ley.
Pregunta. ¿Por qué se ha impulsado
la libertad de Uribetxeberria teniendo en cuenta los horrendos crímenes que
cometió?
Respuesta. Hemos aplicado la ley como
lo hicieron otras administraciones penitenciarias antes. Y la decisión final la
tomará el juez de vigilancia. De alguna manera, al legislador le repugna que,
cuando no tenemos pena de muerte, alguien desahuciado para la vida, si no es un
peligro para la sociedad, no pueda morir con humanidad. Estamos aplicando los
principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia
constitucional.
P. Las víctimas hablan de
traición del Gobierno, de que se sienten engañadas, de que los etarras no
tuvieron compasión con ellas.
R. Puedo entender sus
sentimientos. Pero nosotros no estamos haciendo un juicio ético de la catadura
moral de Uribetxeberria. Aplicamos la ley.
P. La ley dice que se “podrá”
excarcelar a los presos enfermos, no que “tendrá” que hacerse. ¿Hasta qué punto
es una decisión discrecional? ¿Podrían dejarlo morir en prisión?
R. El juez de Vigilancia
Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en una providencia del 16 de agosto,
nos obligaba a pronunciarnos. El informe médico prácticamente desahucia a este
preso, le da un pronóstico muy sombrío. La discrecionalidad de la
administración queda matizada por estas dos premisas y porque es difícil que
por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir. La ley
sí nos obliga a manejar estas variables para tomar una decisión.
P. ¿Cuál es el sentido último
de este tipo de excarcelaciones? ¿Qué el preso no muera en la cárcel? ¿Que la
prisión no empeore su estado de salud? El fiscal pregunta si es posible que sea
tratado dentro de la prisión.
R. Hay una mezcla de
finalidades. Pero fundamentalmente están las humanitarias. Por otro lado, las
enfermerías de la prisión tienen la consideración de centros de salud de
atención primaria. No hay tratamiento hospitalario.
P. Las víctimas insisten en
que Uribetxeberria no se ha arrepentido, y que este debe ser también un
criterio para excarcelar enfermos.
R. Eso no es lo que dice la
ley. El artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario y el 92 del Código Penal
señalan que, cuando hay un peligro que compromete la vida del preso, se
aplicarán los criterios de los que antes hemos hablado con independencia de
otras variables que sí se tienen en cuenta con los reclusos sanos.
P. ¿Han cedido al chantaje?
R. No parece que la
teatralización de las huelgas de hambre de algunos reclusos, con niveles de
compromiso muy escasos, tenga la entidad suficiente —y menos ahora, con ETA
derrotada policialmente— para generar una coacción que puedan ganar. Si los
gobiernos han resistido coacciones cuando había vidas en juego, como la de
Miguel Ángel Blanco, insinuar ahora que hemos cedido a un chantaje solo sirve a
los que conectan con los intereses de ETA y de la izquierda abertzale. Estos
últimos, insistiendo en la connivencia siniestra que han tenido en el pasado
con ETA, se han retratado. Podían haber aprovechado la ocasión para haber
colaborado en la resolución del asunto en vez de agitar este espantajo. Pero no
lo han hecho.
P. ¿Cuántos presos han
seguido la huelga de hambre?
R. Hasta el viernes, 304
internos habían manifestado su intención de hacer huelga de hambre, pero con
muchos de ellos no hemos sido capaces de detectar que la estén llevando a cabo.
Estos ayunos tienen un componente bastante teatral. En algunos casos la han
seguido solo un día o dos. Y, los que supuestamente la han hecho más días, no
tienen pérdidas de peso muy intensas. Es una escenificación estratégica de la
izquierda abertzale para capitalizar una decisión que iba a ser estrictamente
legal y venderla en su mundo. Por eso creo que especular sobre el chantaje les
ayuda a ellos.
P. ¿Asume algún error en la
gestión del caso?
R.
La administración ha actuado con criterios bastante lógicos. El traslado de
Uribetxeberria de León a San Sebastián tiene una finalidad muy específica y es
que esta persona, a quien se le había extirpado un cáncer con anterioridad, sea
tratada en el mismo hospital y por el mismo equipo que la primera vez. Y
respecto a la concesión del tercer grado, ya he explicado los criterios. Las
decisiones de este tipo son siempre difíciles y a nadie se le escapan las
consecuencias, pero creo que la ley tiene una interpretación consolidada en el
tiempo y que aplicarla es la mejor forma de servir a los intereses generales. A
los que nos piden probar —y es una prueba diabólica— que no hemos cedido al
chantaje, solo podemos presentar nuestra visión de la legalidad.
P. Pero, a la luz de lo
ocurrido, ¿no habría sido mejor tomar una decisión desde el principio?
R. La izquierda abertzale no necesita excusas para lanzar su
mensaje victimista. Y la actuación de la Administración no puede especular
sobre intereses políticos. Otra cosa es que no desconozca los intereses de los
terroristas y del mundo que les jalea. Es muy difícil tener la certeza siempre,
pero uno hace las cosas de la mejor manera que sabe y puede.
P. Las protestas van a
continuar. Ahora piden la liberación de otros 13 presos enfermos.
R. En este momento, no me
consta que haya ningún preso de ETA que tenga un pronóstico similar al de
Uribetxeberria. Algunas de las personas de las que hablan son presos que
superaron un ictus cerebral hace años, o un cáncer, o un problema coronario.
Este es un tema viejo en el que la administración penitenciaria actúa
cumpliendo con la legalidad.
P. ¿Se ha acogido algún preso
de ETA a su plan de reinserción?
R. Se han integrado quienes
ya venían manteniendo estos planteamientos. Es cierto que ningún nuevo recluso
de ETA lo ha hecho. Pero ha obligado a la banda a incrementar
extraordinariamente el control de sus presos. El plan debe tener aún su
recorrido.
P. ¿Se van a empezar a
organizar ya las aulas de convivencia dentro de las prisiones?
R. Nuestra intención es poner
en marcha los instrumentos que fija el plan para luchar contra ETA en las
cárceles. Y tratar de quitar peso a ese mayor control de la organización que
hemos detectado.
P. ¿Cómo se haría efectiva la
desvinculación de la banda de la que habla el plan como requisito para
incorporarse al mismo?
R. Los funcionarios de
prisiones pueden constatar que se produce. Hay muchas formas de percibirla. Por
las dificultades que tiene el preso con los abogados de la organización, por
determinadas actitudes... Hay parámetros objetivables y que implican que esa
persona está saliendo de la disciplina.
P. ¿No hará falta una
declaración formal de desvinculación?
R. La declaración más o menos
formal se exigiría ya para el traslado a una prisión vasca. Pero las
evoluciones no son de la noche a la mañana; son paulatinas.
P. ¿Es posible la reinserción
de terroristas?
R. Es una obligación que
tiene la administración penitenciaria con independencia de lo difícil que
resulte y de los resultados que produzca. Y sí hay reinserciones posibles, como
el caso de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.
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